Tras el fallecimiento de una persona, si existen varios herederos, se forma una comunidad hereditaria. En esta, los herederos comparten una titularidad conjunta sobre la totalidad del patrimonio del causante, sin que ninguno tenga derechos exclusivos sobre bienes específicos. Cada heredero/a posee una cuota abstracta del conjunto de la herencia, sin propiedad concreta sobre elementos individuales.
Opciones
La disolución de la comunidad hereditaria se realiza mediante la partición de la herencia, que puede llevarse a cabo de las siguientes maneras, cada una con sus particularidades jurídicas, operativas y estratégicas:
- Partición por el testador: El testador puede establecer en su testamento la distribución de sus bienes entre los herederos. Esta partición tiene fuerza legal si se respetan las legítimas y demás disposiciones normativas. Esta vía ofrece claridad y evita conflictos futuros, pues los herederos sabrán exactamente qué bienes les han sido asignados.
- Partición por contador-partidor: El testador puede designar en su testamento a un contador-partidor, figura con funciones clave: inventariar, valorar y distribuir los bienes conforme a la voluntad del causante y los parámetros legales. Este profesional debe ser imparcial y suele ser un notario, abogado o gestor con experiencia en derecho sucesorio.
- Partición por acuerdo entre herederos: En ausencia de disposiciones testamentarias, los herederos pueden alcanzar un acuerdo sobre el reparto del caudal hereditario. Este acuerdo debe formalizarse mediante escritura pública ante notario para tener plena validez jurídica. Es recomendable acudir a un experto en herencias para garantizar una partición equitativa y evitar futuros litigios.
- Partición judicial: Cuando no hay consenso entre los herederos, cualquiera de ellos puede acudir a la vía judicial. El procedimiento se inicia con una demanda de división judicial de la herencia, y será un juez quien determine el reparto. Esta opción suele ser más lenta, costosa y puede generar un deterioro en las relaciones familiares, por lo que se considera la última alternativa.
Además, el proceso judicial puede incluir la intervención de peritos para valorar los bienes y la designación de un contador-partidor dativo si las partes no se ponen de acuerdo en uno común.
Proceso
El proceso de partición de una herencia es un procedimiento técnico y legal que se divide en varias fases clave, fundamentales para asegurar un reparto justo y conforme a derecho del patrimonio hereditario:
- Inventario y avalúo: Esta etapa inicial implica la identificación y clasificación de todos los bienes, derechos y obligaciones que conforman el caudal hereditario. Incluye activos como inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, acciones, así como pasivos como deudas, cargas o préstamos pendientes. Es imprescindible un avalúo objetivo, que puede requerir la intervención de peritos tasadores en el caso de bienes inmuebles o elementos de especial valor.
- Liquidación: Una vez determinado el valor total del patrimonio, se procede a deducir todas las deudas del causante, cargas hereditarias y gastos necesarios para la administración de la herencia, tales como los funerarios, de gestión o fiscales. El resultado es el haber líquido hereditario, es decir, el monto que efectivamente se podrá repartir entre los herederos.
- Adjudicación: En esta fase se procede al reparto y asignación de bienes concretos a cada heredero, en proporción a su cuota hereditaria. Esta adjudicación debe realizarse de forma equitativa, intentando respetar el valor de las cuotas y, siempre que sea posible, las preferencias de los herederos. En ocasiones, para equilibrar las adjudicaciones, pueden establecerse compensaciones económicas entre herederos.
- Formalización: Aunque no siempre se menciona, la formalización es una fase esencial. Consiste en elevar la partición a escritura pública ante notario y registrar los bienes adjudicados en los registros correspondientes (como el Registro de la Propiedad en el caso de inmuebles), consolidando así los efectos legales del reparto.
Una correcta ejecución de estas etapas evita conflictos posteriores y garantiza la validez jurídica del proceso, siendo recomendable el acompañamiento de profesionales especializados en derecho sucesorio y fiscal.